CONEP reitera su rechazo a nuevos actos vandálicos que violentan la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada

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CONEP reitera su rechazo a nuevos actos vandálicos que violentan la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada

Presidente del CONEP Rafael Blanco

Nueva vez Bepensa Dominicana ha sido víctima de un atentado ilegal y arbitrario a sus instalaciones, sin que los autores hayan sido penalmente sancionados.
Santo Domingo, República Dominicana, Lunes 20 de junio 2016.- El pasado 15 de junio, nueva vez la empresa Bepensa Dominicana, S. A. y sus colaboradores, fueron víctimas de actos vandálicos, producto de un arbitrario intento de invasión a sus instalaciones de la Avenida Independencia, cuando una turba de personas no identificadas hasta el momento irrumpió en las instalaciones de la referida empresa, derribando una pared, provocando cuantiosas pérdidas y poniendo en peligro la seguridad de sus trabajadores.
Ante estos hechos, el CONEP reitera el llamado que realizó el pasado año a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica y asegurar la protección del derecho a la propiedad privada, acentuando la importancia de que los autores intelectuales y materiales de las actuaciones cometidas en contra de esta empresa, sean penalmente sancionados.
El sector empresarial agrupado en el CONEP, externó que actuaciones de esta naturaleza, van en detrimento de la inversión, tanto nacional como extranjera, deterioran el clima de negocios, afectan la competitividad del país y obstaculizan su proyección a nivel internacional. De igual modo, agradeció la efectiva y oportuna mediación de las autoridades, quienes evitaron que este hecho degenerara en una situación con mayores repercusiones.
El CONEP se hace eco del reclamo hecho por otras entidades empresariales y como principales representantes del sector empresarial en el país, realizó el más enérgico llamado a las autoridades competentes y a la administración de justicia a esforzarse de manera decidida en la preservación del derecho a la propiedad privada y de la seguridad jurídica de la nación, de manera que las máximas sanciones penales correspondientes sean aplicadas a todos los responsables de haber atentado contra los principios y normas establecidas en el ordenamiento jurídico del país. 

 

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