Celebramos que haya comenzado a producirse un consenso sobre las personas que deben integrar la Junta Central Electoral(JCE) y el aplazamiento de la elección por otra semana, por cuanto implica que todavía estamos a tiempo para materializar nuestra demanda fundamental de un diálogo político-social fructífero para renovar no sólo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, escogiendo personas sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas.
El Senado de la República se apresta a ejercer su facultad constitucional de elegir a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), partiendo de algún consenso, pero todavía con ingredientes de reparto partidista que podría restar legitimidad a la nueva composición del organismo, y dejar insatisfacciones que prolongarían la confrontación política.
Más allá de las ternas presentadas por la comisión senatorial que evaluó a más de doscientos aspirantes a integrar la JCE, se baraja públicamente una nómina de cinco posibles titulares, sobre dos de los cuales parece haber consenso: Julio César Castaños Guzmán para presidente, y Roberto Saladín. Aunque el primero no fue presentado a la comisión evaluadora, reúne el perfil adecuado, avalado por su larga carrera pública y los 8 años en que fue titular del mismo organismo, los últimos cuatro como presidente. Carmen Imbert Brugal también parece reunir el perfil deseado, reconociéndosele integridad y capacidad.
Nos preocupa que los otros dos que completarían los titulares, de acuerdo a la nómina extraoficial publicada, tengan claras vinculaciones partidarias, y antecedentes de fuertes cuestionamientos en funciones públicas. Es el caso de Henry Mejía y Freddy Bolívar Almonte quienes, siendo miembros de la Cámara de Cuentas en el 2008, fueron acusados por la Cámara de Diputados de violación a la Constitución de la República, y a las leyes de Cámara de Cuentas, de Función Pública y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado, además de nepotismo, soborno e ineficiencia. El escándalo fue tal que hubieron de renunciar para evitar el juicio político que les preparaba el Senado de la República.
Más en el PDF
