Santo Domingo, lunes 28 de noviembre de 2016. Conseguir liberalizar el sector del transporte terrestre de carga y de pasajeros es el gran desafío para que República Dominicana se convierta en referente del desarrollo regional. La sociedad en general y el sector empresarial en particular esperan hoy la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre el recurso de amparo presentado por el CONEP y 90 empresas y asociaciones dominicanas para urgir al Estado a poner fin a los abusos y a las prácticas anticompetitivas en el sector por parte de los sindicatos y confederaciones afines.
Tras más de 50 años bajo el yugo de los transportistas; ciudadanos y empresas han unido sus esfuerzos para erradicar una práctica abusiva y conseguir avanzar hacia mayores niveles de prosperidad, erradicando una situación enquistada por décadas. La histórica estructura de abuso de posición dominante en el sector transporte limita la capacidad de entrada de otras empresas que puedan ofertar un servicio a pasajeros y empresas a precios competitivos, lo que se traduciría en una mejora de costos de producción y un aumento salarial indirecto, derivado de la reducción de costos del pasaje.
República Dominicana vive sumida en la impotencia de no poder ofertar, en condiciones de igualdad con otros países, proyectos atractivos que promuevan la inversión extranjera directa, la cual es imprescindible no solo para el crecimiento económico, creación de puestos de trabajo, sino también para la estabilidad cambiaría y presupuestaria del país. Además, la fijación directa de precios que tiene el manejo exclusivo en el sector transporte impacta de manera directa en la estructura de costos de los bienes y servicios que el país puede ofrecer y limitadrásticamente la capacidad de ser competitivos.
El reclamo del sector empresarial y la sociedad civil, a través del amparo, persigue también que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir el transporte que más les convenga sin ser obligados a utilizar vehículos que no poseen ni las más mínimas condiciones de seguridad ni comodidad. En concreto, se pide que el TSA exija a las organizaciones del Estado que cumplan con sus funciones, establecidas por ley, para asegurar mínimos de calidad en la prestación del servicio, evitar las confrontaciones entre los sindicatos por el control de las rutas y asegurar que cualquier persona o empresa capacitada para incursionar en el transporte pueda hacerlo sin estar obligado a afiliarse a un sindicato de transportistas.
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